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En Sesión del Pleno de la Comisión se resolvieron diez denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y setecientos once recursos de revisión.


Publicado: Martes, 06 de Diciembre de 2022 16:29 hrs.
Autor: Rafael Alcala Campos

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San Francisco de Campeche, Campeche, 6 de diciembre de 2022.

En Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), integrado por el Mtro. Néstor Cervera Cámara, la C.P. Rosa F. Segovia Linares y la Mtra. Teresa Dolz Ramos, Presidente y Comisionadas respectivamente, se resolvieron diez denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y setecientos once recursos de revisión.

En cuanto a las primeras cuatro denuncias, éstas fueron interpuestas por el presunto incumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados: 

1.- Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana,

2 y 3.- Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen y,

4.- Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén.

Mismas denuncias que se presentaron por el presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia, en el primer caso, debidoa la falta de publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la información a que se refiere la fracción XLV (45) del artículo 74 de la ley estatal de transparencia, relativa al catálogo de disposición y guía de archivo documental, por lo que respecta al ejercicio 2022; en el segundo y tercer caso se refieren a la falta de publicación en la PNT de la información a que se refieren las fracciones IV (4) y VI (6) del artículo 74 de la precitada ley, relativas a las metas y objetivos de las áreas, por lo que respecta al ejercicio 2022 y a los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, por lo que respecta a los dos primeros trimestres del ejercicio 2022 y, en el cuarto caso se debió a la falta de publicación en la PNT de la información a que se refiere la fracción XVII (17) del artículo 74 de la ley estatal de transparencia, relativa a la información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, por lo que respecta a los cuatro trimestres del ejercicio 2022.

La Comisión resolvió sobreseer estas cuatro denunciaspues advirtió que las circunstancias que dieron origen a las inconformidades expresadas por las partes denunciantes fueron modificadas por completo lo que quedó acreditado como resultado de la verificación virtual posterior realizada a los registros que los mencionados sujetos obligados tienen publicados en la PNT con respecto al ejercicio 2022.

Relativo a la quinta denuncia interpuesta por el presunto incumplimiento de obligaciones de transparencia del Partido Acción Nacional, presentada por la falta de publicación en la PNT de la información a que se refiere la fracción IX (9) del artículo 74 de la ley estatal de transparencia, relativa a los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de la comisión correspondiente, por lo que respecta a los tres primeros trimestres del ejercicio 2022.

La Comisión resolvió declarar parcialmente fundada dicha denuncia debido a que, con base en la verificación virtual realizada por el organismo garante se constató que dicho sujeto obligado incurrió en el incumplimiento parcial de la publicación de la información; por lo tanto, se le ordena al sujeto obligado denunciado que en un plazo máximo de 5 días hábiles publique en la PNT, la información relacionada con la obligación de transparencia incumplida.

En lo referente a la sexta denuncia interpuesta por el presunto incumplimiento de obligaciones de transparencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, presentada por la falta de publicación en la PNT de la información a que se refieren las fracciones II (2), III (3) y IV (4) del artículo 84 de la ley estatal de transparencia, relativas al directorio del Comité Ejecutivo, el padrón de socios y la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban, por lo que respecta a los tres primeros trimestres del ejercicio 2022.

La Comisión resolvió declarar fundada dicha denuncia debido a que, con base en la verificación virtual realizada por el organismo garante, se constató que el sujeto obligado incurrió en el incumplimiento total de la publicación de la información; por lo tanto, se le ordenó al sujeto obligado denunciado que en un plazo máximo de 5 días hábiles publiquen en la PNT, la información relacionada con la obligación de transparencia incumplida.

En las siguientes cuatro denuncias, éstas fueron interpuestas por el presunto incumplimiento de obligaciones de transparencia del sujeto obligado: 

7, 8, 9 y 10.- Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche.

Mismas denuncias que se presentaron por el presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia, en el séptimo, octavo y noveno caso, debidoa la falta de publicación en la PNT de la información a que se refiere la fracción XLIII (43) del artículo 74 de la ley estatal de transparencia, relativa a los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, por lo que respecta al tercer trimestre del ejercicio 2022 y, en el décimo caso se refiere a la falta de publicación en la PNT de la información que se indica en la fracción XLIII (43) del artículo 74 de la ley estatal de transparencia, relativa a los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, por lo que respecta a los cuatro trimestres del ejercicio 2022.

La Comisión resolvió declarar infundadas dichas denuncias debido a que, con base en la verificación virtual que el organismo garante realizó, constató que los sujetos obligados sí cuentan actualmente con aquellos registros cuya supuesta falta de publicación fue denunciada, por lo cual, no incurrieron en tales incumplimientos.

En lo relativo a los primeros tres recursos de revisión en materia de protección de datos personales interpuestos, mediante solicitudes de derechos ARCO en contra del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, al que se le solicitóel acceso y la cancelación de datos personales, así como la oposición al tratamiento de éstos, referidos a sus datos de identificación, patrimoniales, ideología u opiniones políticas, trayectoria laboral o profesional y sobre procedimientos administrativos y jurisdiccionales, la Comisión resolvió confirmar las respuestas impugnadas debido a que resultó apegada a derecho la declaración de inexistencia dictada por la Unidad de Transparencia de dicho sujeto obligado, ya que ésta ajustó su actuación al artículo 86 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, por lo cual el Sistema de Televisión y Radio de Campeche atendió debidamente las solicitudes del particular en ejercicio de sus derechos de acceso y cancelación de sus datos personales, así como de oposición al tratamiento de los mismos, haciéndolo constar en dos resoluciones  de su Comité de Transparencia.

En cuanto a los siguientes doscientos cincuenta y tres recursos de revisión interpuestos en contra del Municipio de Campeche, al que le solicitaronversiones públicas en archivo digital de información relacionada con contratos celebrados con proveedores específicos de bienes y servicios, así como datos y documentación sobre la ejecución de tales contratos, la erogación de recursos públicos que implicaron y el procedimiento de contratación aplicado, la Comisión resolvió revocar la resolución administrativa única impugnada y ordena a la Unidad de Transparencia de dicho sujeto obligado que emita una nueva respuesta suficientemente fundada y motivada para atender las solicitudes de información requeridas.

Lo anterior debido a que la Comisión, al analizar los casos, determinó:

1.- Que en algunos casos en los que la Unidad de Transparencia proporcionó un hipervínculo o enlace electrónico para el acceso a una parte de la información requerida mediante la consulta o descarga de los archivos digitales de la versión pública de los contratos solicitados y sus anexos, esto resulta apegado a las disposiciones jurídicas en la materia y atiende de manera adecuada la solicitud de que se trate. Sin embargo, con respecto a diversas solicitudes la información proporcionada no fue accesible, ya que al utilizar esta Comisión los hipervínculos o enlaces electrónicos proporcionados por la Unidad de Transparencia se presenta un mensaje de error para su consulta y acceso, lo cual es contrario a derecho.

2.- Que aun cuando para la Comisión sí es jurídicamente válido haber efectuado el cambio de modalidad de entrega y envío de la información poniendo la información a disposición de la parte recurrente en  una consulta directa, por encontrarse ello permitido en la ley estatal de transparencia, advirtió que la respuesta impugnada adolece de la suficiente motivación y fundamentación, al no expresar ni presentar elementos de convicción suficientes que justifiquen a plenitud su necesidad de cambiar la modalidad de entrega que le fue indicada por dicha parte recurrente.

En lo relativo a los siguientes trecientos setenta y nueve recursos de revisión interpuestos en contra del Municipio de Campeche, al que le solicitaronversiones públicas en archivo digital de información relacionada con contratos celebrados con proveedores específicos de bienes y servicios, así como datos y documentación sobre la ejecución de tales contratos, la erogación de recursos públicos que implicaron y el procedimiento de contratación aplicado, la Comisión resolvió revocar la resolución administrativa única impugnada y ordena a la Unidad de Transparencia de dicho sujeto obligado que emita una nueva respuesta suficientemente fundada y motivada para atender las solicitudes de información requeridas.

Lo anterior, debido a los dos sentidos en que fue emitida la respuesta única impugnada, por lo tanto, la Comisión realizó por separado el análisis de la procedencia de los motivos de inconformidad expresados por el solicitante, como sigue:

1.- Análisis de la calidad de la información proporcionada con respecto a la mayoría de las solicitudes de información.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que según el artículo 18 de la ley estatal de transparencia se presume que la información solicitada por un particular debe existir si se encuentra expresamente referida o relacionada con las facultades, competencias y funciones que al sujeto obligado le confieren las disposiciones que conforman el marco normativo que le es aplicable, por lo cual dado que la información solicitada está relacionada con la celebración de contratos con proveedores de bienes y servicios, se determina que esa actividad se encuentra regulada localmente por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, cuyas disposiciones son aplicables al Municipio de Campeche.

Por tal razón, si tal como se aseveró por la Unidad de Transparencia en su escrito de pruebas y alegatos “la información requerida no se generó”,  se configura entonces la hipótesis normativa que prevé el segundo párrafo del precitado artículo 18 que obliga al sujeto obligado a “motivar la respuesta en función de las causas que originen la inexistencia” en los casos en ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, por lo que resulta claro para este organismo garante que el sentido de la respuesta impugnada implica una declaración de la inexistencia de tal información en los archivos del sujeto obligado, declaración que debe ser confirmada por el Comité de Transparencia correspondiente, lo cual no ocurrió en los casos en estudio y que infringe las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

No obstante, todo lo antes precisado, no puede desestimarse la inconformidad expresada por la parte recurrente con respecto al sentido de la respuesta única que le notificó la Unidad de Transparencia, inconformidad que está referida a que las personas mencionadas en las respectivas solicitudes sí se encuentran inscritas en el padrón de proveedores de sujeto obligado. Por ello, con el objeto de determinar si alguno o algunos de los proveedores mencionados en las solicitudes de acceso a la información involucradas en este procedimiento se encuentran incluidos con ese carácter en los registros del Municipio de Campeche, esta Comisión verificó la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia relativa a la obligación de transparencia común denominada “Padrón de proveedores y contratistas”, encontrando que sí existen registros que coinciden con el nombre, denominación o razón social de la mayoría de los proveedores o contratistas a los que la parte recurrente hizo referencia en sus solicitudes de información, lo que provoca que legalmente se pueda considerar que, contrario a lo expresado en la respuesta impugnada, es posible que el sujeto obligado cuente en sus archivos con la información requerida en las solicitudes mencionadas anteriormente.

Sin embargo, resulta pertinente puntualizar que al no haber en las constancias que integran el expediente en que se actúa los elementos necesarios que generen convicción plena para declarar que la discrepancia mencionada en el párrafo anterior se debe indudablemente al dolo del sujeto obligado, ya que existe la posibilidad de que ello sea atribuible a un error suyo en la interpretación de las disposiciones jurídicas que regulan los términos en que debe ser publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia su “padrón de proveedores y contratistas” como una obligación de transparencia, este organismo garante está impedido legalmente para ordenar la entrega de la información solicitada, pues ésta podría ser materialmente inexistente. Es por ello que el Comité de Transparencia del sujeto obligado es la instancia facultada para verificar esa discrepancia, y quien determinará las acciones que deben ejecutarse y resolver lo que procede conforme a derecho, según las disposiciones previstas por la ley estatal de transparencia.

2. Análisis de la calidad de información proporcionada con respecto al resto de las solicitudes de información, cuya cantidad es mínima.

La Comisión determinó, por una parte, que al utilizarse los hipervínculos para la consulta individual de los contratos celebrados con los proveedores indicados en cada una de las peticiones de información relacionadas con este análisis, se pudo corroborar que todos ellos permiten realizar tal consulta con lo cual se comprobó que esa porción de información solicitada fue entregada por la Unidad de Transparencia en la modalidad de entrega elegida por la parte recurrente, teniéndose así que esas solicitudes fueron parcialmente atendidas con congruencia y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Por otra parte, advirtió que sí es jurídicamente válido haber efectuado el cambio de modalidad de entrega y envío de la información poniendo la información a disposición de la parte solicitante en una consulta directa, por encontrarse ello permitido en la ley estatal de transparencia, señalando que la respuesta impugnada adolece de la suficiente motivación y fundamentación, al no expresar ni presentar elementos de convicción suficientes que justifiquen a plenitud su necesidad de cambiar la modalidad de entrega que le fue indicada, pues se limita a argumentar de manera general y superficial que su procesamiento y reproducción sobrepasa sus capacidades técnicas debido al volumen y grado de especificidad de los documentos involucrados, lo que no permite a la parte recurrente tener el convencimiento de que tal circunstancia representa una imposibilidad fáctica insalvable para entregar por medios electrónicos la información solicitada.

En los siguientes setenta y cinco recursos de revisión interpuestos en contra del Municipio de Campeche, al que le solicitaronversiones públicas en archivo digital de información relacionada con contratos celebrados con proveedores específicos de bienes y servicios, así como datos y documentación sobre la ejecución de tales contratos, la erogación de recursos públicos que implicaron y el procedimiento de contratación aplicado, la Comisión resolvió revocar la resolución administrativa única impugnada y ordena a la Unidad de Transparencia de dicho sujeto obligado que emita una nueva respuesta suficientemente fundada y motivada para atender las solicitudes de información requeridas.

Lo anterior debido a que la Comisión, al analizar los casos, determinó:

En este sentido, debe tenerse en cuenta que según el artículo 18 de la ley estatal de transparencia se presume que la información solicitada por un particular debe existir si se encuentra expresamente referida o relacionada con las facultades, competencias y funciones que al sujeto obligado le confieren las disposiciones que conforman el marco normativo que le es aplicable, por lo cual dado que la información solicitada está relacionada con la celebración de contratos con proveedores de bienes y servicios, se determina que esa actividad se encuentra regulada localmente por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, cuyas disposiciones son aplicables al Municipio de Campeche.

Por tal razón, si tal como se aseveró por la Unidad de Transparencia en su escrito de pruebas y alegatos “la información requerida no se generó”,  se configura entonces la hipótesis normativa que prevé el segundo párrafo del precitado artículo 18 que obliga al sujeto obligado a “motivar la respuesta en función de las causas que originen la inexistencia” en los casos en ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, por lo que resulta claro para este organismo garante que el sentido de la respuesta impugnada implica que una declaración de inexistencia de tal información en los archivos del sujeto obligado, declaración que debe ser confirmada por el Comité de Transparencia correspondiente, lo cual no ocurrió en los casos en estudio y que infringe las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

No obstante, todo lo antes precisado, no puede desestimarse la inconformidad expresada por la parte recurrente con respecto al sentido de la respuesta única que le notificó la Unidad de Transparencia, inconformidad que está referida a que las personas mencionadas en las respectivas solicitudes sí se encuentran inscritas en el padrón de proveedores de sujeto obligado. Por ello, con el objeto de determinar si alguno o algunos de los proveedores mencionados en las solicitudes de acceso a la información involucradas en este procedimiento se encuentran incluidos con ese carácter en los registros del Municipio de Campeche, esta Comisión verificó la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia relativa a la obligación de transparencia común denominada “Padrón de proveedores y contratistas”, encontrando que sí existen registros que coinciden con el nombre, denominación o razón social de la mayoría de los proveedores o contratistas a los que la parte recurrente hizo referencia en sus solicitudes de información, lo que provoca que legalmente se pueda considerar que, contrario a lo expresado en la respuesta impugnada, es posible que el sujeto obligado cuente en sus archivos con la información requerida en las solicitudes mencionadas anteriormente.

Sin embargo, resulta pertinente puntualizar que al no haber en las constancias que integran el expediente en que se actúa los elementos necesarios que generen convicción plena para declarar que la discrepancia mencionada en el párrafo anterior se debe indudablemente al dolo del sujeto obligado, ya que existe la posibilidad de que ello sea atribuible a un error suyo en la interpretación de las disposiciones jurídicas que regulan los términos en que debe ser publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia su “padrón de proveedores y contratistas” como una obligación de transparencia, este organismo garante está impedido legalmente para ordenar la entrega de la información solicitada, pues ésta podría ser materialmente inexistente. Es por ello que el Comité de Transparencia del sujeto obligado es la instancia facultada para verificar esa discrepancia, determinar las acciones que deben ejecutarse y resolver lo que procede conforme a derecho, según las disposiciones previstas por la ley estatal de transparencia.

Por último, en el siguiente recurso de revisión interpuesto en contra del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, al que le solicitaron la última declaración patrimonial de un servidor público específico, la Comisión resolvió sobreseer dicho recurso al determinar que la respuesta al solicitante fue modificada porque la Unidad de Transparencia proporcionó una nueva respuesta, a través de la cual entregó archivos electrónicos en formato PDF que contienen la resolución administrativa emitida por la Unidad de Transparencia y la versión pública de la Declaración de Situación Patrimonial solicitada, a los que se acompañó de una copia digital del acta de sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.

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